La entrevista realizada a la ambientalista totorense, Laura Arévalo, intenta demostrar, cuáles son los daños realizados al medio ambiente a través de la práctica de dicha actividad, pero además, cuales son los verdaderos intereses que llevan al consejo deliberante realizar ordenanzas municipales para poder actuar en contra de la ley de fumigaciones de la provincia de Santa Fe y cuáles son las consecuencias que esto conlleva.
Un punto de partida para entender esto sería mediado de 2008, cuándo la ley 11.273 (Ley Provincial de Productos Fitosanitarios) se puso en vigencia. Esta ley regula la venta, distribución, almacenamiento y colocación de dichos productos. La misma se puso en vigencia, “siendo en parte, un resultado de mi lucha siendo activista de la campaña ‘Paren de Fumigar’ de la provincia de Santa Fe” aclara Arévalo.
Luego de que la ley comience a regir en la provincia, en distintas localidades, y entre ellas Totoras, Los municipios y comunas, a través de presiones por parte de los productores agropecuarios, comenzaron a dictar ordenanzas que cambiaron distintos puntos de la nombrada ley. “El intendente Marcolini llevo la línea agronómica donde se realizan las fumigaciones a 500 metros, incluyendo las escuelas rurales. Esto fue un precedente importantísimo, pero la presión de los productores hizo que los concejales llevaran la línea agronómica a 100 metros. Los concejales no estuvieron a la altura de otras ciudades y se dejaron manipular por estos señores. Dicen que las leyes están hechas para violarlas y estas ordenanzas son un fiel reflejo de ello” Dice Laura.
Al hablar de intenciones escondidas detrás de estas modificaciones, Arévalo nos cuenta que se suman el miedo por parte de los concejales de perder votos pero también el apoyo masivo o mejor dicho, la pasividad de la población para luchar en contra de estas medidas. Muchos de los productores que lideraron éstas presiones luego se presentaron como candidatos en las elecciones y lograron un gran caudal de votos por parte de los votantes. Describe una falta de compromiso de éstos productores para con la sociedad y de la sociedad para con su propio bienestar.
A partir de esto, le pregunto si existen acciones por parte del gobierno provincial para hacer cumplir con normalidad todos los estatutos marcados por esta ley, a lo que responde: “El gobierno provincial no ha tomado medidas sobre este tema, en este momento hay una media sanción de la ley que espera en el senado. El gobierno provincial y los ‘políticos sojeros’ no permiten que esta ley salga adelante. La presión de los grandes lobby, los ingenieros agrónomos, Federación Agraria, Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa), CASAFE (Cámara de sanidad agropecuaria y fertilizantes) tienen a los gobiernos como rehenes”.
“En Totoras como en tantísimos pueblos rurales de nuestra provincia se cometen con total impunidad todo tipo de infracciones. Existen en Totoras dos depósitos de venenos y fumigadoras donde hay barrios y personas que transitan diariamente. Es sabido que en ellos hay enfermedades como leucemia. Hay una niña de cinco años con este problema y se encuentra muy enferma, su caso fue llevado a la defensoría del pueblo de la nación” explica Arévalo hablando puntualmente sobre nuestra localidad.
“Quien es encargada de llevar adelante los controles de ésta actividad es la Juez de Falta, y ésta solo actúa si yo llevo la denuncia, de hecho lo hago casi a diario. Debo recordar que ella es hija del dueño de uno de los depósitos de venenos, así están las cosas. En la provincia de Santa Fe con la cantidad de hectáreas sembradas de soja que existen, solo hay dos inspectores, multas no se hacen, aunque deberían” cuenta la ambientalista.
La entrevista luego de pasar por las cuestiones burocráticas que determinan el tema, se va encaminado hacia las consecuencias con respecto a la salud que se ocasionan a través de ésta práctica. “300 millones de litros de venenos echados sobre nuestras espaldas afectan nuestra salud y el medio ambiente” dice Laura; “Todos nosotros tenemos intoxicación crónica por estar expuestos sistemáticamente a las fumigaciones. Los casos de cáncer que hay en los pueblos rurales alertan a los médicos, sobre todo del Hospital Garrahan, donde van tantísimos niños con leucemia, todos ellos de pueblos rurales” continúa. Sigue contando que no solamente se producen casos de leucemia, también nombra la esterilidad en el hombre, otros tipos de patologías como alergias o broncoespasmos; además se han hechos descubrimientos de que el aumento del índice de diabetes es en parte una causa de éstas acciones; “A ello hay que agregarle los abortos espontáneos y las malformaciones, como la espina bífida, demás está decir la contaminación que las fumigaciones producen en las napas de agua” continua Arévalo.
Ya finalizando me comienza a contar cual es la lucha que ella junto a otras personas están llevando a cabo para contrarrestar los efectos de las fumigaciones y la impune libertad con la que se manejan “los poderosos”. “Si bien la lucha es desigual los que estamos comprometidos con esta causa día a día presionamos de tal manera que nuestras voces se están sintiendo, hace muy poco se hizo en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario el segundo ‘Encuentro de médicos de pueblos fumigados’ y el año entrante se realizara en la UBA. Otras provincias como Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires están comenzando a luchar contra las fumigaciones y los transgénicos” explica Laura. “Después de más de quince años de soja transgénica se comienzan a ver los resultados y éstos no son alentadores, nuestra salud es la más afectada pero también se suman la desertificación de los suelos, la contaminación del agua, la expulsión de pueblos originarios y campesinos para la explotación de tierras y el cambio climático que esto produce, se producen inundaciones y sequias debido a los desmontes ocasionados por la expansión de la soja, el avance de la frontera agropecuaria para instalar el monocultivo de soja es una verdadera calamidad en los aspectos, sanitarios, sociales y ambientales” finaliza.
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